El recién aprobado, en tercer debate, proyecto de ley 163, que hace cambios en la Ley Orgánica de la CSS, da respuestas a los ejes de gobernanza, calidad de salud, administración e inversión financiera, y el pago sostenible a jubilados con el aporte del Estado al Programa de Retiro.

Las normativas incluyen causales de destitución al director general, por cualquier acto de corrupción e indebido de no rendición de cuentas y sus informes actuariales.

Es así, que el artículo 31 del proyecto de ley 163 establece en sus numerales cómo puede darse la remoción del director general, que puntualiza que “Una vez nombrado, este solo podrá ser removido por el presidente de la República, previa recomendación, mediante resolución motivada y aprobada por al menos dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva”.

Asimismo, que solamente podrá obedecer a:

1. Que sea condenado por autoridad competente por la comisión de delito doloso.

2. Haber sido declarado deudor dentro del proceso concursal de liquidación o haber sido declarado penalmente responsable de fraude a sus acreedores.

3. La comisión de errores graves debidamente comprobados que hayan causado perjuicios a los intereses de la institución.

4. La falta de probidad en el ejercicio de sus funciones, previa y debidamente comprobada.

5. Incumplimiento de sus deberes o de sus responsabilidades de conformidad con esta Ley.

6. Interferencia indebida, debidamente comprobada, del director general en los asuntos que la ley y los reglamentos le asignen privativamente a la Junta Directiva.

7. Incurrir en la violación de algunos de los supuestos establecidos en esta Ley en materia de conflictos de intereses y en cualquier otra ley sobre la materia.

8. No estar paz y salvo con la Caja de Seguro Social.