El derecho humano del consumo de agua es atendido por una iniciativa de ley innovadora que crea el marco jurídico que declara, explícitamente, este deber de acceso al vital líquido con un plan de inversiones de infraestructuras y la protección de las fuentes del recurso natural.

Con un respaldo al Proyecto No.15, es aprobado, en tercer debate, el marco jurídico para el derecho de acceso al agua potable, dicta medidas para su conservación e incentiva su protección y la del ambiente de acuerdo con los estándares internacionales.

Este proyecto tiene como objetivo principal reconocer y asegurar el acceso al agua potable para todas las personas en el territorio nacional, basándose en principios de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Además, promueve la protección de fuentes hídricas como mares, ríos, lagos y otros cuerpos de agua.

La propuesta básicamente se origina de cifras desprendidas del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, que indican que, a pesar de los esfuerzos y avances en la cobertura de agua potable en áreas urbanas, las disparidades persisten.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, mientras el 98.5% de las áreas urbanas tienen acceso a agua potable, solo el 82.3% de las áreas rurales y el 64.7% de las comunidades indígenas cuentan con este servicio esencial.

La mayoría de los diputados de las distintas bancadas, que componen el hemiciclo legislativo, expresaron, a través del voto, lo imperativo de proporcionar al Ejecutivo de un marco legal, claro y efectivo, que asegure su protección y cumplimiento.