Darán cobertura de salud pública a más de 4 millones de panameños al adicionar al Código Penal el delito contra la seguridad alimentaria, proyecto aprobado en tercer debate.

El Proyecto 152 añade un nuevo capítulo sobre delitos contra la seguridad alimentaria al Código Penal (Ley 14 de 2007).

La norma  implica sancionar aquellas conductas que afecten la inocuidad y disponibilidad de alimentos en todo el país.

Se proteger á a la población, al productor nacional y la cadena de producción de los campos agrícolas hasta que éstos  lleguen a la mesa de los consumidores. 

La base jurídica nace en hacer justicia a todos los pequeños y medianos agricultores panameños y, por ende,  al consumidor que en muchas ocasiones se ve obligado a comprar alimentos de dudosa procedencia en diferentes supermercados.

En los previos debates, se aclaró que el tema aprobado no hace referencia al contrabando.

No obstante,  se planteó el asunto de productos que provienen de Costa Rica y otros países, afectando a los productores nacionales y, a su vez, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de los usuarios. 

El proyecto de Ley 152 establece sanciones de seis a ocho años de prisión, para quienes introduzcan productos alimenticios de origen vegetal o animal, para el consumo humano, sin los respectivos permisos fitosanitarios y de inocuidad sanitaria, expedidos por las autoridades competentes.

ENFOQUES EN PROHIBIR ALIMENTOS ALTERADOS

El instrumento legal  tiene tres enfoques establecidos que son:

●La protección de la actividad económica y empleos que genera la producción agropecuaria nacional,

●La protección de los cultivos y actividad pecuaria nacional contra los daños producidos por las posibles plagas y enfermedades que puedan traer estos productos de origen vegetal y animal, introducidos al país de forma ilegal,

●La protección a la salud pública, debido al incumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria.