El pleno de la Asamblea Nacional rechazó, unánimemente, el informe de inconveniencia del Ejecutivo e impulsó en tercer debate, en su conjunto original, la norma legal 112, Objetado, que modifica un artículo de la Ley 99 de 1998 para denominar GunaYala a la Comarca Kuna Yala.

La cámara legislativa resolvió la objeción presentada por el Órgano Ejecutivo devolviendo a la presidencia de la República dicha iniciativa aprobada, sin contrariedad, y acogiendo la recomendación de la Comisión de Asuntos Indígenas que no consideró viable al informe de objeción.

Dicha inconveniencia apuntó al Artículo 2: En toda disposición legal, decreto, resolución, texto o documento público o privado, las instituciones públicas o privadas, deberán hacer uso correcto del nombre de la comarca Gunayala.

A consideración de Órgano Ejecutivo, resulta inconveniente, por que impone la obligación de manera general e inmediata, sin establecer un cambio progresivo.

Los diputados entraron analizar la posición del Ejecutivo basada en el impacto que tendría el artículo 2 de sustituir de inmediato la expresión de Kuna Yala a GunaYala, rechazando el criterio emitido, debido a que no es un proyecto social.  

SURGE DE UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO CON AUTORIDAD COMARCAL Y ESPECIALISTAS

El Proyecto 112 surge tras un análisis exhaustivo con las autoridades de la comarca. Se trató el tema entre los especialistas, lingüistas gunas y las autoridades tradicionales.

En el debate, se explicó que el artículo 90 de la Constitución de Panamá reconoce la identidad de las comunidades indígenas, además de ser reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (originarios).

Además, de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que defiende su posición a definir, así como revitalizar, sus nombres, territorios y símbolos.

De acuerdo con el informe presidencial, sin suministrar un mecanismo para una transición y una adecuación gradual generaría una carga para el gobierno y sus dependencias.

El veto presidencial añade, además, que la ejecución implicaría el rediseño de sistemas informáticos, papelería oficial, plataformas digitales, bases de datos y documentos legales, sin que se hayan considerado los costos, tiempos o coordinación interinstitucional necesarios para su implementación.