Educadores de la década del 70 presenciaron la firma en tercer debate de la iniciativa de ley, abanderada por el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, que les devuelve recursos económicos adeudados por B/14.6 millones y que pronto pasará a ser patentizado por Ley de la República.

El pleno de la Asamblea Nacional, haciendo justicia, aprobó con 61 votos, unánime, el proyecto de Ley 231 (Objetado), que reconoce el pago de los aportes realizados, por extensión de jubilación, a los educadores jubilados de las promociones de 1972 y 1973 certificados por la Caja de Seguro Social.

Este instrumento jurídico reconoce y devuelve las cuotas retenidas a docentes que, al momento de su jubilación, no recibieron la restitución correspondiente, cerrando así una deuda histórica con el gremio magisterial.

El Proyecto 231 señala que los educadores del período 1972 y 1973 se jubilaron en el año 2005. Sin embargo, distinto a otros servidores públicos, éstos no recibieron la devolución de aquellas cuotas retenidas por el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) ni por el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de Servidores Públicos (SIACAP).

El pleno para darle la validez que se necesita para su sanción aprobó un pliego de modificaciones que incluyó, principalmente, la eliminación de dos artículos que contravenían leyes ya existentes que regulan sobre la materia.

Fue en respuesta al informe del 17 de noviembre de 2025 en que el Órgano Ejecutivo objetó parcialmente el documento.

Según el veto parcial, la creación de una nueva legislación sobre una misma materia constituye una dualidad de normas legales que posibilitan duplicidad de competencias interinstitucionales, distorsionando, con ello, la aplicación de la normativa vigente y comprometiendo la sostenibilidad fiscal al incorporar nuevas erogaciones, no previstas en el Presupuesto General del Estado.

En primer lugar, la Comisión de Economía y Finanzas sesionó para resolver el informe y remitió al pleno legislativo el pliego de reformas para la aprobación de la iniciativa legislativa.

LA NORMA ESTA DIRIGIDA A GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SUS LIQUIDACIONES

El diputado Herrera expresó que es cierto que la materia relacionada con los aportes realizados por los servidores públicos ya se encuentra regulado en la Ley 8 de 1997 y la Ley 4 del 2004.

Expresó que ese marco legal existe y esta Asamblea lo respeta; pero también hay una realidad que no puede pasar por alto y es el hecho de que hay educadores que hicieron sus aportes, que cumplieron con lo que les correspondía, y que, hoy, siguen esperando esos ahorros.

Precisó que el propósito del Proyecto de Ley 231 no es la creación de una nueva obligación de pago, sino garantizar la correcta ejecución, liquidación y entrega efectiva de los aportes previamente reconocidos, en favor de los beneficiarios.

El jefe del primer órgano del Estado consideró correcta la ruta que planteó la comisión de acoger las objeciones del Ejecutivo y ajustar la redacción para evitar cualquier interpretación que genere duplicidad normativa o compromiso fiscales adicionales.

20 AÑOS DE LUCHA ESTÁN A PUNTO DE LA VICTORIA

Una vez culminada, la firma del tercer debate, el pleno dio la oportunidad a los docentes jubilados para consignar sus emociones. En esa línea, el profesor Guillermo Caballero agradeció al parlamento por el apoyo recibido en los debates, que terminó en tierra fértil.

Dijo que esperan que se haga realidad, lo más pronto posible, para que se les devuelva el dinero adeudado y antes que el señor los llame puedan gozar de esos recursos derivada de una lucha de más de 20 años.

Pidió que el Gobierno, Ministerio de Educación y de Economía busquen la viabilidad económica para finiquitar esta deuda social.