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Actualidad 4/29/2026 8:06:00 PM

FORTALECEN MARCO JURÍDICO EN DEFENSA DE HÁBITADS DE ARRECIFES CORALINOS Y PASTOS MARINOS

ÁR
Por Ángel Raúl Aguilar González / Fotos Iván Castillo

Introducen ajustes normativos en la Ley 304 para fortalecer el marco jurídico de protección de los ecosistemas marinos estratégicos de la República de Panamá, particularmente los arrecifes coralinos y los pastos marinos, mediante la actualización de sus disposiciones regulatorias.

Los principios están descritos en Proyecto No. 571; Que modifica y adiciona artículos a la Ley 304 de 2022, sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociados. El documento no tuvo objeción y recibió el tercer debate con 46 votos.

Con las reformas, entre otros aspectos, clarifica las competencias institucionales, asignando al Ministerio de Ambiente la responsabilidad regulatoria sobre las actividades que puedan afectar estos ecosistemas, en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

La Ley vigente establece actualmente un régimen de protección conjunto para los arrecifes coralinos y los pastos marinos. Si bien ambos ecosistemas mantienen una relación ecológica estrecha y cumplen funciones complementarias, sus características biológicas, niveles de fragilidad y dinámicas de recuperación presentan diferencias significativas que justifican tratamientos regulatorios diferenciados.

UNA RESPONSABILIDAD ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS

Su objetivo general va encaminado a proteger, conservar, generar acciones de uso sostenible, restaurar y prevenir la contaminación. Al igual, responde a disposiciones que garanticen la rehabilitación de sus entornos.

La legislación enmarca que Panamá, como nación marítima por excelencia, posee una riqueza biológica excepcional en sus mares y costas.

Agrega, que sus hábitats marinos constituyen un patrimonio natural de valor incalculable, que sustenta la biodiversidad, protegen nuestras costas, fortalece la seguridad alimentaria y sostiene actividades económicas fundamentales como la pesca, el turismo y la investigación científica.

En este contexto, se legisla por la protección efectiva de los medios marinos que no solo representa una obligación ambiental, también es una responsabilidad estratégica para el desarrollo sostenible del país.

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