Actualidad, 6/17/2025 2:09:00 PM
PROYECTO QUE PROTEGE A TRABAJADORES BANANEROS YA ES LEY DE LA REPÚBLICA
Por I.P. de Moreno / Fotos Erick Santos
Mediante la sanción de la Ley 471 de 16 de junio de 2025, publicada en Gaceta Oficial, luego de ser aprobada por la Asamblea Nacional, ninguna empresa bananera podrá penalizar, sancionar, despedir o reducir el salario a una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia, bajo pena de sanciones administrativas, laborales y penales, conforme a esta legislación.
La nueva Ley, aprobada en sesiones extraordinarias por este órgano del Estado, el pasado 13 de junio, establece que la Caja de Seguro Social (CSS), deberá garantizar la atención prenatal especializada y continua para las trabajadoras embarazadas del sector bananero, incluyendo acceso a consultas, ultrasonidos, análisis de laboratorio y medicamentos básicos.
Asimismo, se promoverá la instalación de salas de atención médica materno-infantil, en las unidades de salud o policlínicas ubicadas en las regiones bananeras, con la presencia del personal médico especializado en ginecología y obstetricia.
De igual forma, la norma dispone que, en el caso de los trabajadores de las empresas bananeras y de los productores independientes de banano, la Caja de Seguro Social considerará una prestación económica a los empleados incorporados al régimen obligatorio y a las personas agregadas al régimen voluntario, en concepto de subsidio diario por enfermedad.
En ese sentido, siempre que la enfermedad produzca incapacidad para realizar labores en un 30 %, se beneficiará al trabajador con un 80 % del salario correspondiente a los dos últimos meses de cotización debidamente acreditados en su cuenta individual al momento en que se presente la enfermedad.
Por otro lado, la ley ordena que, para cumplir con las prestaciones derivadas de la pensión especial, se destinarán los recursos, los cuales se mantendrán en una reserva separada y exclusivamente para los trabajadores de las empresas bananeras y los productores independientes de banano, y que consiste en que los empleadores aportarán el 2.5 % de los salarios que paguen a sus empleados y el Estado aportará el 16 % de los salarios que se paguen a los trabajadores.
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