El proyecto de Ley 176, aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional con 42 votos, en tercer debate, va dirigido en hacer del dominio público el Registro Oficial de Opresores Sexuales. Se reveló que un 5% de estos depredadores de la sociedad reinciden en este delito.

Dicha iniciativa, que modifica la Ley 244 de 2021, que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial, permite el escrutinio público de esta lista de personas que han violado la integridad en sus diversas modalidades.

El Sistema deberá contener toda la información detallada de las personas mayores de edad que hayan sido condenadas o estén cumpliendo condenas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, por los delitos contra la libertad e integridad sexual, tráfico de menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual.

La propuesta, acogida y apoyada unánimemente, fue conveniente, de acuerdo con los planteamientos de los diputados, porque ejerce una prevención situacional del delito.

El listado, que actualmente es privado y solo de consulta por las autoridades judicialices, se reviste de carácter público para blindar a la sociedad, personas y comunidades, de quién es su vecino o contrata para apoyo familiar.

La iniciativa legislativa, propuesta por la diputada Paulette Thomas, en resumen, mejora la prevención de delitos sexuales, así como empodera a las familias y comunidades con información de acceso público a través de internet.

LA LEY ORIGINAL TRASTOCÓ LAS INTENCIONES DE PREVENCIÓN DE LOS DELITOS

Thomas señaló que la parte dispositiva original fue vetada por el Órgano Ejecutivo, en el quinquenio pasado, sobre el acceso ciudadano, lo que conllevó a que el objetivo se alejará del propósito primordial. Para ella, se dio un blindaje a los ofensores sexuales, más que reducir las oportunidades de delinquir.

La Ley 244 dispone que solo podrán acceder a la información que brindará el Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial, contenida en el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, además del propio interesado, las autoridades judiciales facultadas legalmente para ello y los agentes del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial.

En el caso de los operadores de justicia, los agentes del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial y su cuerpo auxiliar, no habrá ninguna condición o limitación para su acceso, siempre que sea para el uso de diligencias judiciales.

Estadísticas recientes revelan que, en el 2025, fueron recibidas más de 3,300 denuncias sobre agresiones sexuales, lo que evidencia 16 denuncias diarias.