El anteproyecto de ley que establece un marco legal y cultural de las bandas musicales independientes de la República de Panamá, se instituye su Festival y Crea su Patronato fue parte del grupo de iniciativas de ley propuestas para su consideración.

Antes de la sustentación del documento, integrantes de estas agrupaciones y dirigentes de la Federación Nacional de Bandas Independientes hicieron gala de sus virtudes.

La iniciativa presentada por el diputado suplente Benicio Robinson González se arraiga en que estos grupos de panameños forman parte de la cultura musical nacional y son una fuente generadora de ingresos dentro de la economía informal.

Basó los argumentos en que producto de las actividades que se desarrollan a lo largo del país, movilizan el turismo, el comercio de instrumentos y la manufactura de uniformes y accesorios.

De la agenda de propuestas legislativas, llegó para su análisis el que establece el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial denominado “Paraísos del Istmo en la República de Panamá”, sustentado, ante el pleno, por los diputados Roberto Zúñiga y Alexandra Brenes.

Por su parte, el diputado Omar Ortega consideró oportuno incentivar un debate sobre su iniciativa que adiciona artículos a la Ley 69 del 2007 y dicta medidas de protección de garantías constitucionales referente a información de antecedentes penales.

Su colega Crispiano Adames también entregó a la presidencia el instrumento por la cual se declaran monumentos históricos nacionales los edificios y polígonos territoriales del Colegio José Antonio Remón Cantera, de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía y del Colegio Richard Newman.

Mientras tanto, el diputado Marcos Castillero trajo a colación otra propuesta de interés del país, que trata de la modificación al artículo de la Ley 242 del 13 de octubre de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus derivados y dicta otras disposiciones.

Cerró el paquete de iniciativas de ley, las sustentadas por el parlamentario Javier Sucre.  El primero establece la sustitución escalonada del poliestireno expandido (EPS), envases alimenticios, vasos, platos y empaques de un solo uso.

El segundo, que reforma la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones.