Con el propósito de fortalecer los mecanismos de control y supervisión del programa 120 a los 65, para garantizar que los recursos asignados lleguen a sus verdaderos beneficiarios, fue presentado un anteproyecto de ley tendiente a modificar la Ley 86 de 18 de noviembre de 2010.

La iniciativa, propuesta por la diputada Janine Prado, busca que los recursos asignados a estas personas, a través del Programa 120 a los 65, sean utilizados de forma efectiva, por lo que, se hace necesario crear un Registro Nacional de Representantes Legales para que se evalúe la idoneidad de las personas designadas para administrar los fondos.

De igual forma, se establece la obligación de rendir cuentas, cada 6 meses, presentando informes detallados que justifiquen que dichos recursos estén siendo utilizados de forma transparente.

Según la norma, de esta forma también se estaría reforzando la labor del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en lo relacionado a las auditorías y fiscalización de los fondos destinados exclusivamente a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema que se benefician de la Ley 86 de 18 de noviembre, que crea el Programa Especial de Asistencia Económica para los Adultos Mayores de 70 años o más sin jubilación ni pensión.

Por otra parte, en caso de fallecimiento del beneficiario, el representante legal o la persona autorizada para recibir la transferencia monetaria tendrá la obligación de notificarlo a la autoridad correspondiente dentro del plazo que establezca la ley.

A su vez, el Tribunal Electoral (TE), estará obligado a remitir mensualmente al MIDES, un listado actualizado de personas fallecidas, con el propósito de mantener actualizada la base de datos de los beneficiarios de 120 a los 65 y así evitar pagos indebidos.