La procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, presentó, ante el pleno de la Asamblea Nacional, dos proyectos de ley con miras a modernizar la gestión de la entidad en su rol de consejera de las instituciones de Estado.    

La funcionaria mencionó que una de estas iniciativas aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y deroga el Libro Primero de la Ley 38 de julio de 2000.

El segundo proyecto regula el Procedimiento Administrativo General y subroga disposiciones del Libro Segundo de la Ley 38 del 31 de julio de 2000.

Con relación a la primera propuesta, Villalaz de Allen manifestó que se consideran las funciones constitucionales y legales que les han sido otorgadas a la Procuraduría de la Administración.

Dijo que incluyen velar por el cumplimiento de las leyes, servir de consejeras jurídicas a los funcionarios administrativos, con mando y jurisdicción, que consulten su parecer, así como de la interpretación de la ley o el procedimiento que se debe seguir en asuntos de su competencia.

“La Procuraduría, como ente asesor y defensor del Estado, retoma en la redacción de este proyecto de ley el sentido de cómo servir de consejeros jurídicos a los funcionarios públicos, con mando y jurisdicción, y destaca la participación ciudadana dentro del contexto de una buena administración pública”, dijo.

Sostuvo que allí se define con mayor claridad las actuaciones de consejería, vigilancia y fiscalización para el trámite de quejas, consultas y denuncias de carácter administrativo, depurando las contradicciones y afianzando la competencia de este ente gubernamental.

SUPERAN UN REZAGO EN SU FUNCIONALIDAD

Con respecto al segundo proyecto, Villalaz de Allen expresó que se propone una reingeniería integral de la relación jurídico- administrativa, entre el Estado y la ciudadanía.

“Esta propuesta que regula el procedimiento administrativo se fundamenta en principios como la transparencia activa, la seguridad, la celeridad tecnológica, el informalismo en favor del administrado, la seguridad jurídica y, de manera crucial, el control de la convencionalidad”, señaló.

Aseguró que, con ello, se logra actualizar el ordenamiento jurídico administrativo interno y alinearlo con la política pública del Estado con mejores prácticas iberoamericanas y compromisos internacionales, en materia de gobierno abierto y transformación digital superando el rezago que ha caracterizado a la gestión pública en las últimas décadas.