Noticias, 2/21/2025 10:02:00 AM
A SEGUNDO DEBATE NORMA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Por Omar Ábrego / Fotos Franklin Montalbán
La iniciativa legislativa que busca asegurar que los impuestos y/o tasas nacionales legalmente establecidos aplicables a cada producto y servicio estén reflejados en rótulos, etiquetas y todas las demás señalizaciones similares fue aprobado, en primer debate, por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.
Se trata del proyecto que modifica la Ley 45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia.
El diputado Augusto Palacios, uno de los proponentes del proyecto, señaló que "Cuando vamos a un local comercial el precio que está en exhibición es uno y a la hora de pagar es otro".
"Lo que se busca es que cuando usted vaya a un local comercial tenga reflejado en exhibición el precio final del producto, con el impuesto que le corresponda ya incluido, para que cuando se realiza el pago del mismo, automáticamente sea congruente con el precio final", recalcó.
También, fue aprobado el primer debate del proyecto de ley que modifica artículo de la Ley 45, cuyo objetivo es ampliar la responsabilidad de la garantía legal ante los consumidores, para que esta recaiga en los fabricantes que tengan oficinas en el territorio nacional y proveedores, asegurando así mecanismos de protección más robustos y actualizados.
La diputada Johana Cedeño manifestó que esta norma busca que los fabricantes de vehículos con oficinas en Panamá también respondan por las garantías de sus productos. "Es hora de acabar con el paseo de taller a taller y la burocracia que deja al consumidor sin respuesta", acotó.
Explicó que, con esta medida, quien compra podrá acudir directamente al fabricante con domicilio en Panamá y exigir su garantía sin intermediarios; si el producto no tiene un fabricante en el país, el proveedor seguirá.
La modificación de la Ley 45 de 2007 es una respuesta necesaria y proactiva a los desafíos contemporáneos en la protección al consumidor. Al ampliar la responsabilidad legal a los fabricantes, se fortalece la posición de los consumidores y se promueve un mercado más justo.
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