Después de 27 años, la Ley 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen Especial de responsabilidad Penal para la Adolescencia, fue modificado y aprobado en primer debate, por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley 539.

Entre las principales modificaciones presentadas por el diputado Pérez Barboni está lo relacionado con la carga penal para los menores de 14 años en adelante hasta cumplir la mayoría de edad, mientras que los de 12 y 13 años serán sujetos a medidas de resocialización y que puedan ser sometidos a tratamientos terapéuticos y psicológico.

Según el diputado, con esta iniciativa se están robusteciendo las medidas para que sean acordes a la jurisdicción penal actual, aunque sean menores de edad y van a estar sujetos a la detención preventiva para que sean investigados y posteriormente cumplan su condena en atención a lo que dictamine el juzgado competente.

De acuerdo a la Ley 40 de 26 de agosto de 1999 del Régimen Especial de responsabilidad Penal para la Adolescencia, se establecen los términos y condiciones en que los adolescentes y las adolescentes son responsables por las infracciones que cometan contra la ley penal y para tales efectos, se crea un conjunto de instituciones especializadas y procedimientos especiales dentro del marco de la jurisdicción de menores, con fundamento en el artículo 59 de la Constitución Política.

De igual forma, esta instancia legislativa, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, aprobó en primer debate el proyecto de ley 436, que crea los juzgados de tránsito a nivel nacional, con la finalidad de que cada una de ellas cuente con al menos un juzgado administrativo con competencia.

También, fueron considerados dos informes de objeciones del Ejecutivo  por inexequibles a los proyectos de ley 82, que promueve el voluntariado en materia de limpieza de espacios públicos y el proyecto 229, que adopta y actualiza la Organización Judicial de la provincia de Panamá Oeste.

Asimismo, recibieron prohijamientos siete anteproyectos de ley de carácter penal y de seguridad pública.