Lograr políticas públicas con leyes que se traduzcan en presupuestos suficientes para la niñez, monitorear el cumplimiento de sus derechos, protección y asegurar que los programas estén dando resultados, fueron parte de las recomendaciones hecha por Anilena Mejía, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), durante un conversatorio con diputados de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia.

La oficial de UNICEF sostuvo que se han dado avances significativos en materia de leyes de protección para los niños y adolescentes en Panamá, pero que aún falta más recursos de políticas públicas de prevención y educación.

Por su parte, la presidente de la Comisión, Yuzaida Marin, indicó que existe un incremento de casos de menores víctimas de violencia en sus hogares, fuera de ellos y de raptos, entre otros tipos de factores que los hacen vulnerables.

Planteó la importancia de hacer un análisis para ver lo que se debe mejorar como sociedad y asumir responsabilidades, para blindar a los menores en peligro y del acecho de los depredadores.

Señaló que, entre las leyes, como la Alerta Amber, que tiene como finalidad la búsqueda y rescate de los menores que han sido raptados, ha tenido resultados positivos.

De igual manera, resaltó la aprobación en tercer debate del proyecto de ley que tiene como finalidad aumentar las penas contra quien cometa delitos sexuales a menores, personas con discapacidad y adultos mayores y se vea reflejado en el resarcimiento de las víctimas por parte de su agresor.

Entre los puntos evaluados como positivos por UNICEF, es que la educación primaria en Panamá es casi universal y la tasa de registro de nacimiento está por el 97 por ciento, sin embargo, todavía siguen existiendo privaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dado que el 45% de los niños reciben disciplina violenta en sus hogares y al menos 29,000 de ellos sufren castigos físicos severos.