A fin de endurecer las penas por el delito de prevaricato, el diputado del oficialista partido Realizando Metas Luis Eduardo Camacho presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que reforma el artículo 389 del Código Penal.

Con la modificación, se establece que, además de aumentar las penas de prisión de cuatro a seis años a los defensores, que mediante acuerdo con la contraparte o por otro medio fraudulento, perjudiquen la causa que le ha sido confiada, también sea extendida a fiscales y a jueces, tal como se practica en otros países.

MÁS PROPUESTAS DE CAMBIO AL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

En la sesión de este lunes 8 de julio, el parlamentario Crispiano Adames se unió a sus colegas de modificar y adicionar artículos a la Ley 49 de 1984, que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

Afirmó que hay vacíos en la norma producto de temas que no están regulados y que es necesario profundizar para que puedan ser adoptados dentro de la mecánica de las Comisiones de Trabajo y las plenarias, tales como la fusión de proyectos que versan sobre la misma temática.

PROYECTAN PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL DIGITAL Y MEDIÁTICA

Un anteproyecto para establecer las políticas de prevención y protección contra la violencia sexual digital y mediática presentó la diputada Yarelis Rodríguez.

Iniciativa que se fundamenta en que la tecnología ha transformado la manera en que los individuos interactúan, trabajan y se comunican.

Rodríguez expuso que, con el avance tecnológico   en las comunicaciones, han surgido nuevas formas de violencia que las normas vigentes no pueden abordar, adecuadamente. 

Hizo referencia a la violencia sexual digital que es una de estas formas y que puede tener un impacto devastador en las víctimas.

SANCIÓN PARA QUIENES NOMBREN A PERSONAS QUE COBRAN SIN TRABAJAR

 La iniciativa que incrementa las penas a los funcionarios que cobran sin trabajar y que sanciona con pena de prisión a quienes   realicen esos nombramientos fue planteada para un debate formal.

Para la diputada Prado Castaño   ya es habitual en el servicio público que haya personas que cobran un salario sin prestar un servicio, lo que se conoce comúnmente como “botellas”.

Dijo que es un fenómeno que, además de representar un costo al erario, también afecta la moral y la productividad de quienes sí cumplen con sus labores.

La normativa propone que el funcionario, que sin trabajar reciba una remuneración, sea sancionado con penas de prisión de 1 a 3 años, que podrá ser aumentada de entre 4 a 6 años, si la lesión patrimonial supera los 50 mil dólares.

En tanto, la norma propuesta contempla penas de prisión de   entre 6 a 10 años para la persona que realice el nombramiento, que puede ser agravada a la mitad de la pena máxima cuando la lesión patrimonial supere los 300 mil dólares.