El proyecto de Ley 326, que establece el marco legal integral para la supervisión, registro y control de los proveedores de Servicios de Activos Virtuales, conforme a los Estándares Internacionales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, fue discutido en la Comisión de Economía y Finanzas, que preside el diputado Eduardo Gaitán, y enviado a una subcomisión para la conformación de una mesa técnica, donde participen las entidades vinculadas en la materia.

La iniciativa busca reconocer el uso de criptomonedas en nuestra economía, y al mismo tiempo crear un ambiente que impulse la innovación en tecnología, finanzas y negocios dentro de esta nueva economía digital.

“Con este proyecto de ley fortalecemos nuestras medidas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, siguiendo las recomendaciones del GAFI y evitando listas negras”, dijo el diputado Gabriel Andrés Solís, proponente de la propuesta.

La comisión prohijó el anteproyecto de ley que prohíbe la inclusión en el Presupuesto de las instituciones públicas las partidas destinadas a seguros privados para servidores públicos.

Al igual, el que prohíbe a entidades del Estado la contratación de seguros privados a los servidores públicos, cuyo proponente es el diputado Jairo Salazar Ramírez.

Y el anteproyecto de ley que prohíbe el uso de fondos públicos para el pago de seguros privados de salud de los funcionarios públicos. Por su similitud, estos recién aprobados proyectos serán enviados a una subcomisión para conformar un texto único.

La comisión, también acordó citar a la directora de la Empresa Nacional de Autopistas, S.A, Yessica Goti, para responder a un cuestionario de unas veintidós preguntas sobre la extensión de cobros en los corredores.