La Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Eduardo Gaitán, aprobó el prohijamiento del anteproyecto de ley 189, que promueve que el 10% del producto de las concesiones en materia de telecomunicaciones sea destinado para el financiamiento del programa de invalidez vejez y muerte ( ivm) de la caja de seguro social, propuesto por la diputada Graciela Hernández.

De acuerdo con su proponente, la mayoría de jubilados y pensionados reciben salarios por debajo de 600 dólares mensuales e indicó que el 10% de esta nueva fuente de de financiamiento tendrá un monto anual de 113 millones de dólares, cifra que puede cubrir ese hueco.

Sostuvo que esta iniciativa hará justicia a los jubilados con salarios bajos y señaló que esos salarios  por sí solos  ya obliga a reflexionar lo mal que la pasan los pensionados, ganando menos del costo de la vida.

De igual manera, los comisionados prohijaron el proyecto de ley 244, que adiciona un artículo al capítulo III denominado presupuesto de gastos del Título II sobre el presupuesto de rentas y gastos del Código Fiscal, propuesto por el diputado Ernesto Cedeño.

En su sustentación, el diputado Cedeño manifestó que este anteproyecto de ley establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Presupuesto de la Nación, indicará anualmente en la Ley de Presupuesto la asignación y distribución del monto de la bonificación para cada entidad beneficiaria, en función de los resultados fiscales y de las metas de recaudación.

En ese sentido, también los comisionados prohijaron el anteproyecto ley 248, que crea la jurisdicción colectiva especial para la ejecución de las resoluciones de cargo del Tribunal de Cuentas y se modifican otras disposiciones, propuesto por el diputado Ernesto Cedeño.

De igual manera, se prohijó el anteproyecto de ley 253, que establece el marco normativo para la evaluación de subsidios, exoneraciones y todo tipo de incentivos que otorga el Estado panameño a organizaciones y personas naturales y jurídicas, propuesto por el diputado Alaín Cedeño.

Finalmente, los comisionados prohijaron el anteproyecto de ley 263, que modifica la Ley 24 de 2006, que declara el orden público de interés social las actividades de regulación y titulación masiva de tierras que ejecuta el Estado, cuya proponente es la diputada Janine Prado.