Con el prohijamiento de unos 9 anteproyectos de ley, que tienen que ver con diferentes aspectos; entre ellos, inconstitucionalidades, eliminación de subsidios a los Bingos Nacionales, requisitos mínimos para elegir a directores y subdirectores, entre otros, la Comisión de Economía Finanzas inició su periodo de sesiones ordinarias, presidida por el diputado Eduardo Gaitán.

En ese sentido, se aprobó el prohijamiento del anteproyecto de ley 15, por la cual se reforma el artículo 77 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, debidamente modificada por la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022, de la Contraloría General de la República.

El proponente, diputado Ernesto Cedeño explicó que la norma busca darle la función que debe tener la Contraloría General de la República, de refrendar o no las propuestas de aumentos salariales, y que no sea la corte Suprema de Justicia, por las razones que ya hemos visto de inconstitucionalidad; ya que ellos, por insistencia, pueden aprobarse aumentos como el de los     4 mil dólares para sus magistrados y el contador está obligado a refrendarlo.

Explicó el diputado Cedeño que con el aspecto dinámico de la fiscalización lo que trató es de obviar la obligatoriedad jurídica del refrendo por insistencia y permitir que en efecto si hay una oposición tenga la oportunidad de resolver, el derecho abriéndose al compás a la persona que comparezca en el proceso esto quiere decir que no se cierra la puerta de lo contencioso administrativo.

continuó el prohijamiento a el anteproyecto de ley 22, que deroga el Decreto 4 de 25 de febrero de 1982, que organiza los Bingos Nacionales.

Su proponente, diputado Neftalí Zamora, señaló que, luego de conversaciones con la directora de la institución, quieren seguir discutiendo este proyecto, espera que lo se logre no sea la eliminación de la entidad sino que sea la eliminación del subsidio.

El diputado Zamora indicó que el plan es que Bingo Nacionales debe dejar de ser subsidiado y generar sus propios recursos.

Igualmente, se aprobó el anteproyecto de ley 44, que modifica el artículo 61 y adiciona un artículo al Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998.

El diputado Luis Duke sustentó la propuesta en la que, recalcó, se deberá hacer la recolección de impuestos de las máquinas tragamonedas, específicamente del Hipódromo Presidente Remón, que hoy no se encuentra incluido dentro de la ley

Duke indicó, sobre este aspecto, que considera esta iniciativa viable para su aprovechamiento y que pueda ser debatida.

Otro de los anteproyectos prohijados fue el 49, que adiciona artículos a la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la Contratación Pública.

La diputada Alexandra Brenes, proponente, puntualizó que la norma tiene como objetivo que, a la hora de elegir a quiénes van a estar a cargo en las instituciones, deben contar no con una buena hoja de vida, con experiencia. “Debemos tener a los mejores para poder dar el mejor servicio, del mejor talento posible al servicio del país”, destacó.

Indicó la diputada Brenes, que “Es por eso que se ha dedicado a colocar los requisitos mínimos a distintos directores y subdirectores que van a estar a cargo de esas instituciones públicas, que al final se traduce para los diputados en mejoras a la atención, a la eficiencia a la transparencia, a la rendición de cuentas, y a que podamos tener menos quejas del servicio que se da en cada una de esas instituciones públicas”.

Otro anteproyecto prohijado fue el 65, que transparenta y comunica el uso de los dividendos entregados por el Canal de Panamá.

La diputada Alexandra Brenes, proponente, dijo que “La norma busca poder evidenciar qué se hace con esos más de 2,500 millones, que se aportan al canal de Panamá y que todo esto está en una misma bolsa, que es del Tesoro Nacional pero una vez cae al Tesoro Nacional que es el MEF, no tenemos certeza de qué construcciones o cuáles son esos proyectos comunitarios que se hacen con los fondos de canal de Panamá”.

Indicó que la norma tiene puntos importantes como crear una plataforma digital que se llama el Canal Aporta, que deberá tener todos los proyectos que construya el canal de Panamá, ya sea total o parcial financiados por los fondos del canal adicional a esto tiene que haber una conexión entre el MEF y la autoridad del canal de Panamá.

Anteproyecto de ley 107, que establece el marco legal integral para la supervisión, registro y control de los proveedores de servicios de activos virtuales conforme a los estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo.

Al igual que fue prohijado el anteproyecto de ley 119, que deroga la Ley 15 de 17 de febrero de 1998, que aprueba el Contrato entre el Estado y la Sociedad de Panamá Canal Railway Company, para desarrollar, construir, operar, administrar, renovar, modificar y dirigir en ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales, propuesto por el diputado Crispiano Adames,

Continuó la aprobación del Anteproyecto de ley 76, que garantiza el acceso gratuito a estacionamientos para contribuyentes en oficinas públicas con atención presencial.

El proponente HD Raúl Pineda, puntualizó que este proyecto de ley garantiza el acceso gratuito de estacionamiento para contribuyente en la oficina pública de atención presencial fundamento de ley constitucional y legal la Constitución de la República establece el principio de igualdad en acceso a los servicios públicos.

Explicó Pineda que la norma garantiza que cada entidad pública incluya como condición contractual la disponibilidad de estacionamiento gratuitos para los contribuyentes, incluyendo a los funcionarios, que sufren por no tener donde dejar sus vehículos.

Finalmente, se aprobó el anteproyecto de ley 82, que limita la adquisición y venta de bienes del Estado por parte de servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones y por un período de cinco años posteriores a la culminación de las mismas.

La diputada Graciela Hernández, proponente de la norma, dijo que se busca que quienes ostentan un cargo público, aprovechando su posición o acceso privilegiado a la información incurran en prácticas que comprometan la credibilidad y la confianza ciudadana.

Explicó que la adquisición directa o indirecta de bienes del Estado, por parte de funcionarios durante el ejercicio de sus funciones incluso después de cesar en ellas, representa un riesgo latente en el uso indebido del poder, tráfico de influencias y enriquecimiento injustificado, y que estas conductas están identificada en esta propuesta y se promueve inhabilitar a los servidores públicos durante el desempeño de sus funciones y por un periodo de cinco años posteriores al cese de sus funciones.