Con penas de prisión que van de cuatro a ocho años será sancionado el servidor público, que favorezca a las empresas en los actos de contratación pública con el Estado, según lo establece el articulado del Proyecto de Ley 339, que está siendo analizado por la subcomisión de Economía y Finanzas, que preside el diputado Luis Duke.

La iniciativa, presentada por el diputado Augusto Palacios, modifica la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública y la Ley 14 de 2007, que adopta el Código Penal, cuyo objetivo es brindar una mayor transparencia en el tema de las contrataciones públicas que realizan las empresas con el Estado.

De acuerdo con el diputado Duke, la norma busca evitar que personas que han sido condenadas por actos de corrupción participen de actos públicos por un periodo de tiempo, que podría ser hasta 10 años.

Explicó que, se está tratando de modificar algunos artículos de la Ley original, para hacer más rígido los procesos, a fin de que el Estado sea más cauteloso sobre la empresa que se está contratando.

Por su parte, Enzo Bonnett en representación de la Dirección General de Contratación Pública (DGCP), manifestó que, el proyecto de ley es viable, no obstante, existe preocupación en el tema de las sanciones, por lo que una vez se logre homologar e incorporar esta norma administrativa en el texto único del Código Penal, no tendrían mayores inconvenientes para su aplicación en la Ley de Contratación Pública.

Tania Saavedra, de la Procuraduría General, recomendó a la subcomisión que ese tome en cuenta la modificación al artículo 51 de la Ley, porque en la práctica su aplicación ha tenido algunas dificultades,  a la hora de sancionar  a estas empresas, por lo que se requiere de una herramienta más efectiva.

Finalmente, el representante de la Sociedad Civil, José Alba, destacó la necesidad de que se capacite a los servidores públicos que intervienen en las contrataciones públicas, para que se especialicen en esta materia y así puedan verificar de forma transparente si las empresas están en regla, para aplicar a una contratación con el Estado.