El proyecto de ley 373, que crea el Programa Educativo Penitenciario (PEP), destinado a la población recluida en los centros penitenciarios a nivel nacional y que estará disponible para personas procesadas y de obligatoria participación para personas condenadas con escolaridad incompleta, fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

Su proponente, diputado Orlando Carrasquilla, tiene la intención de que los reclusos tengan acceso a la educación, reinsertándose a la sociedad.

El diputado suplente de Carrasquilla, Marcos Rangel sustentó la iniciativa, destacando que los reclusos puedan gozar de este beneficio como un derecho a educarse y ayudarlos a ser mejores individuos cuando concluyan su condena.

En tanto, el comisionado Luis García, director Nacional de Seguridad Penitenciaria, dijo que el programa va dirigido a toda la población de nuestras cárceles, cumpliendo con lo que manda la Carta Magna, la oportunidad de la educación y rehabilitación a reclusos, independientemente la condena que cumplan, ya que la idea es que salgan renovados y siendo útiles a la sociedad.

Se dividirá en dos fases, la primera fase u obligatoria, la componen las etapas de educación primaria, premedia y media, y estará a cargo del Ministerio de Educación.

La segunda fase o de profesionalización, la componen los programas técnicos universitarios, licenciaturas y postgrados y será administrado por la Universidad de Panamá.