La Comisión de Economía y Finanzas, que preside el diputado Eduardo Gaitán, consideró iniciativas legislativas que buscan robustecer la transparencia en cuanto al uso de los recursos públicos, prohijando tres anteproyectos de Ley.

El primero fue el anteproyecto de Ley 305, que establece la obligación de transparencia y trazabilidad del uso de los recursos públicos provenientes de financiamiento internacional, presentado por la diputada Alexandra Brenes.

Según Brenes, la propuesta busca que tengamos un mapeo completo para conocer cómo se están utilizando los fondos solicitados.

El segundo que se prohijó fue el anteproyecto de Ley 408, que elimina las partidas presupuestarias discrecionales y garantiza la transparencia en el uso de fondos públicos, del diputado Luis Duke. 

Duke destacó que, desde 1994 a la fecha, se han destinado unos 201 millones de balboas a partidas discrecionales y que los recursos del Estado se deben usar de forma integral para todos los panameños, sin privilegios.

El tercero fue el anteproyecto de Ley 421, que modifica y adiciona artículos sobre Procedimiento Excepcional de Contratación del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y dicta otras disposiciones, iniciativa de la diputada Yamireliz Chong.

Chong, en su sustentación, señaló que " La Ley de Contrataciones Públicas requiere una reforma integral, porque las contrataciones excepcionales deben ser una excepción de la regla, no la regla y es lo que mucha veces se da, las contrataciones excepciones se convierten en la regla".

Adicional, se dio la presentación de informe anual correspondiente al año 2025 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, por parte del superintendente, Milton Ayón Wong.

Wong explicó que, en 2025, Panamá mantuvo su posición como uno de los centros financieros internacionales más relevantes de América Latina. Este logro se sustenta en una combinación de ventajas estructurales y estratégicas que refuerzan su competitividad, tanto a nivel regional como global.

Además, se aprobó el informe de subcomisión del proyecto de Ley 252, que crea incentivos económicos para facilitar la adquisición de viviendas usadas o de segunda mano y dicta otras disposiciones.