“Una red vial de primer mundo como la merecen los panameños” es el enfoque principal del ante proyecto de ley 21, que establece normativa por indemnización a daños vehiculares, empresas y transporte público, ocasionados por las instituciones gubernamentales que presten servicios esenciales, así lo sostuvo el diputado José Pérez, en su intervención para sustentar la iniciativa legislativa.

En Panamá, la mala disposición de infraestructura vial, así como la falta de mantenimiento y prevención, ha perjudicado en gran escala a los ciudadanos, e incluso al mismo transporte público, siendo estos mismos los que se han visto en la situación de correr con los gastos que se pudieron haber evitado si la administración pública cumpliera con su rol.

Bajo ese argumento, los diputados miembros de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal, que preside el diputado José Pérez Barboni, prohijaron este anteproyecto, el cual será discutido por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en los próximos días.

En otro punto, también, se prohíjo el anteproyecto de Ley 112 que crea la Junta Técnica de Administración de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la licencia de Administrador de Propiedad Horizontal, propuesto por la diputada Graciela Hernández.

En su exposición de motivos, el documento deja saber que, en un marco jurídico y social, la figura del administrador de propiedad horizontal se ha convertido en un actor clave para garantizar el buen funcionamiento, la armonía y la conservación del patrimonio común de miles de panameños. No obstante, la creciente complejidad técnica, legal y humana de esta función exige cada vez más un perfil profesional especializado.