Con penas de prisión, que van de cinco a siete años, serán sancionados la autoridad o el servidor público que, por acción u omisión en las inspecciones, otorguen permiso o autorizaciones de obras o proyectos en zonas de riesgos propensas a inundaciones o deslizamientos, sin verificar que se hayan adoptado las medidas de prevención y control exigidas por las autoridades competentes.

Lo anterior, forma parte del articulado del anteproyecto de ley que fue prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública, que preside el diputado Eduardo Vásquez, el cual adopta medidas para subsanar y responsabilizar los procesos de construcción de las promotoras y constructoras.

Según el diputado Lenín Ulate, proponente de la norma, la propuesta surge en virtud de las constantes quejas de ciudadanos, especialmente en el distrito de Arraiján, quienes han trabajado para lograr el acceso a una vivienda adecuada que les permita tener una vida digna y no es así, debido a las malas prácticas por parte de algunas promotoras y los proyectos, ya que, de alguna manera, ellos han hecho su esfuerzo durante tanto tiempo.

El diputado Jamis Acosta citó, como ejemplo, su circuito, David, el cual está invadido de nuevas barriadas, en las que las inmobiliarias han construido de forma desmedida, olvidándose de los servicios básicos de las personas que adquieren este bien, entre esos el tema del agua potable.

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, señaló que uno de los principales objetivos es evitar la duplicidad de funciones que conlleven más trámites burocráticos y, en el caso de las viviendas, se trata de un ciclo que abarca desde un análisis financiero, un diseño arquitectónico y estructural de personal responsable e idóneo.