Una subcomisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, continúa con el análisis del proyecto de ley 317, que tiene finalidad de fortalecer la responsabilidad legal, ética y afectiva de los hijos e hijas de asistir, cuidar y proteger a sus padres o madres en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa de ley no tiene como fin castigar, sino reconstruir vínculos rotos por la indiferencia, restablecer la dignidad de quienes fueron protectores y hoy necesitan protección, consolidar una cultura de respeto y retribución, que fortalezca a la familia panameña desde sus cimientos, así lo establece la exposición de motivo del proyecto de ley.

El documento establece que los padres o madres beneficiados deben ser mayores de 60 años y carezcan de medios suficientes para sus subsistencia, discapacidad severa, enfermedad grave o dependencia funcional certificada.

La Constitución Política de la República de Panamá, reconoce a la familia como fundamento de la sociedad, en su artículo 56 consagra la obligación del Estado de protegerla como institución natural, en tanto, el Código de la Familia (artículos 367 y 368) establece la obligación de prestar alimentos a los ascendientes; y aunque la Ley 42 de 2012, modificada por la Ley 45 de 2016, amplía los mecanismos de reclamo, el enfoque sigue siendo predominantemente económico.