En cumplimiento con los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la modernización del sistema financiero, una subcomisión de Economía, presidida por el diputado Ariel Vallarino, se reunió para analizar y evaluar el proyecto de ley 326, que establece el marco legal integral para la supervisión, registro y control de los proveedores de servicios de activo virtuales, conforme a los estándares Internacionales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

De acuerdo con el parlamentario Vallarino, la República de Panamá mantiene un atraso en este tema de activos virtuales e indicó que es necesario entrar en discusión, para regular esta importante materia.

En ese sentido, señaló que esta subcomisión  estableció un plazo de 15 días para seguir atendiendo las recomendaciones,  y propuestas de modificaciones, para luego entrar a discutir artículo por artículo.

De acuerdo con su proponente, el diputado suplente Gabriel Solís, ​esta iniciativa legislativa tiene como propósito fundamental establecer un marco jurídico, robusto y claro para la supervisión, registro y control de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Indicó que, esto representa un paso valiente y necesario hacia la modernización de nuestro ordenamiento jurídico e indicó que, Panamá debe ser  un referente internacional en esta materia.

​Es importante resaltar que, la evolución tecnológica ha transformado de manera irreversible los sistemas financieros globales. La aparición de los activos virtuales y la tecnología de registros distribuidos (blockchain), ofrecen  oportunidades inéditas para la eficiencia, la inclusión financiera y la innovación digital.

No obstante, esta misma naturaleza descentralizada y a menudo seudónimo, presenta desafíos significativos en materia de seguridad financiera y transparencia.

Durante la discusión y el estudio de esta propuesta de ley estuvieron presentes, representantes de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, la Superintendencia de Mercado de Valores, Superintendencia de Bancos, Asociación Bancaria, Cámara Fintech de Panamá y la  sociedad civil, entre otras, quienes dieron sus aportes para robuster esta iniciativa.